Gobierno no pagará deuda de 6 mil mdp al IPE, advierte Yunes Linares

Posted by deinterespublico  /   agosto 21, 2017  /   Posted in Gobierno, Política, Portada, Sindicatos, Slider  /   No Comments

Xalapa, Ver.- El Gobierno del estado no pagará la deuda de más de 6 mil millones de pesos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), señaló el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Entrevistado en la ceremonia de inicio de clases de la Escuela Primaria “Alfonso Arroyo Flores”, señaló que el uso indebido de los recursos de la Reserva Técnica del IPE ya fue denunciado y que los responsables son quienes deben enfrentar este pago.

Asimismo, dijo que el anuncio que dio ante los maestros de que su Gobierno entregará 2 mil millones de pesos al IPE, se trata de una aportación anual para cubrir el pago de pensiones y no como “abono” a la deuda del Gobierno del estado.

SAQUEADA, RESERVA TÉCNICA

Más de ocho mil millones de pesos fueron saqueados de la Reserva Técnica del IPE, durante los gobierno de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte.

De acuerdo con la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda, por esa razón fueron denunciados los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE.

Sin embargo, el actual gobierno panista, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, no muestra intenciones de aplicar la justicia y proceder contra quienes resulten responsables.

A su juicio, el Instituto de Pensiones está en riesgo de que continúe siendo administrado por gente “incompetente”.

“Ha sido incompetente, completamente, en cuanto a la administración de bienes inmuebles y en cuanto a la administración de recursos financieros, ése es el peor riesgo que enfrenta el IPE. Si se sigue con el mismo esquema de administración, el IPE va a tronar muy pronto, es lo que no queremos. Nosotros queremos salvar al IPE para muchas generaciones más”.

Cuando la profesora Adriana Chávez se jubiló, en 2004, le informaron que el IPE estaba quebrado y que dejaría de funcionar.

“Sigue, sigue, dicen que no hay dinero para pagar las pensiones, ¿qué le hicieron al dinero?, que expliquen qué le hicieron al dinero. Lo que queremos es un IPE transparente en donde se rindan cuentas a los trabajadores que aportan, a los patrones que aportan y a la ciudadanía en general. Sabemos que de la manera en que está constituido este Consejo Directivo no se va a lograr”.

NECESARIOS 12 MMDP

Yunes Linares anunció hace unos días que se liberaría el pago de dos mil millones de pesos para solucionar la crisis del IPE.

Sin embargo, dicha situación no resolvería el problema de fondo, de nada serviría para garantizar la óptima operación del Instituto.

Solo representa un “abono” del gobierno para tratar de liquidar la deuda que ha mantenido con el IPE durante sexenios priistas.

Chávez Tejeda cree que serían necesarios por lo menos 12 mil millones de pesos para rescatarlo y evitar su desaparición.

“Dos mil millones de pesos no rescatan al IPE, para nada. Se da un abono de la deuda, es lo que dije en una entrevista y lo vuelvo a decir. No es ningún rescate, si fueran 12 mil millones de pesos, a lo mejor sí se pagaba la deuda y lo que sobrara se usara para invertir, para otras cosas que le dieran dinero al IPE, pero dos mil millones de pesos no es nada”.

Jubilados y pensionados repudian que el Gobernador haya anunciado dicha situación en un evento masivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), con la presencia de la líder moral Acela Servín Murrieta.

Se trata de una de los 13 consejeros del IPE que fueron denunciados por desvío de recursos.

Entre los denunciados también se encuentra el exdirector del IPE, Octavio Antonio Gil García; el exsecretario técnico, José Adán Córdoba Morales; y el excomisario propietario, Ricardo García Guzmán.

Así como también, los consejeros Alfredo Ferrari Saavedra, Gerardo Mancilla Arteaga, Manuel Arellano Méndez, Acela Servín Murrieta, Enrique Levet Gorozpe, Enrique Cruz Canseco, Ricardo Diz Herlindo y Faustino García Hernández.

IMPUNIDAD

El abogado de la Copipev, Juan José Llanes Gil del Ángel, ha declarado que no hay avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

Aunque se trata de líderes sindicales priistas, el gobierno panista, “el gobierno del cambio”, no muestra voluntad política para castigar a quienes saquearon al IPE.

“Está retrasado por supuesto (proceso legal), pero todos esos son cuestionamientos que tendría que responder el fiscal general del Estado. Tiene un año la denuncia, este régimen comenzó a pasarle la factura a los duartistas en enero y ya estamos en agosto. No entendemos por qué a los miembros del Consejo Directivo del IPE ni con el pétalo de una rosa se les quiere procesar”.

A su juicio, los miembros del Consejo Directivo del IPE están siendo encubiertos por las actuales autoridades.

“Yo creo que están incurriendo en encubrimiento (autoridades). Este régimen ha estimado que el trasiego de dinero de los organismos descentralizados a Finanzas es delito, eso está demostrado, porque algunos servidores públicos que estuvieron al frente de organismos descentralizados están siendo procesados, no entendemos por qué en el caso del IPE continúa un esquema de impunidad”.

Llanes Gil del Ángel ha detectado un trato “diferenciado” que está beneficiando a los señalados y garantizando la impunidad y corrupción.

“Aquí el detalle es que no hay un trato equitativo, es diferenciado, se trata de adultos mayores, deberían tener un trato diferenciado, definitivamente, pero a su favor”.

Los afectados marcharon del IPE a la Fiscalía de Veracruz, en la avenida Arco Sur, para exigir al titular de la dependencia que informara sobre los avances en las investigaciones; sin embargo, ni siquiera fueron atendidos.

Además, nadie ha sido castigado por intentar desalojar y golpear a los adultos mayores hace dos años, aun cuando Flavino Ríos confesó haber instruido dichas acciones.

El exgobernador interino estuvo preso en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, por otros delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento al exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, por presuntos problemas de salud obtuvo su libertad bajo fianza.

Y es que Flavino también fue integrante del Consejo Directivo del IPE y pudo haber incurrido en desvío de recursos.

En abril pasado, la presidenta de la Copipev pedía que el exfuncionario priista fuese juzgado por las violaciones cometidas contra los derechos de jubilados y pensionados.

“El señor Flavino Ríos está denunciado penalmente por nosotros porque era parte del Consejo Directivo del IPE, y por eso no lo acusan, lo acusan por tonterías, entonces lo van a dejar salir al ratito”, declaró en aquella ocasión.

Sin embargo, semanas después quedó en libertad.

CÓMPLICES, DIPUTADOS LOCALES

El investigador Leopoldo Alafita Méndez ha dado seguimiento al movimiento social encabezado por jubilados y pensionados.

A su parecer, la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE está pactando con líderes sindicales priistas, para que no sean investigados por el desfalco de la Reserva Técnica.

En esas reuniones encabezadas por los diputados locales que integran la comisión especial solo ha sido escuchada la voz de los dirigentes que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

Sobre todo han sido tomadas en cuenta las opiniones de dos dirigentes sindicales: Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) y Ricardo Diz Herlindo, secretario general del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem).

El académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV) cree que los legisladores no están cumpliendo sus compromisos y han dado la espalda a los adultos mayores.

“A todos los dirigentes sindicales, sobre todo a los ligados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para tratar junto con ellos de encontrar una solución, solución que ya sabemos de antemano qué es la solución que se va a dar. En este tipo de reuniones que esa comisión especial de la cámara está haciendo, la voz cantante la llevan justamente los dirigentes priistas: Levet, Diz Herlindo y compañía”.

El especialista en temas sociales comenta que los problemas del Instituto de Pensiones del Estado vulneran los derechos humanos.

“Es un asunto que se debe de ventilar y que debe de ir a fondo porque me parece que no se ha logrado concretar a cabalidad, el asunto de que es la obligación del Estado de entregar educación, salud y seguridad. Nosotros no somos el pueblo, en abstracto, nosotros somos el brazo ejecutor del Estado, nosotros somos quienes entregamos el servicio de educación”.

Disminuir los derechos de los trabajadores jubilados representa un atentado contra la educación pública.

“Es atentar contra el derecho humano y me parece que es ir en contra de los acuerdos internacionales firmados ya por el Senado de la República ya en diferentes momentos, me parece que la comisión de la cámara local está yendo por una perspectiva errónea en alianza con los dirigentes priistas”.

La Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE es presidida por la diputada de Morena, Daniela Guadalupe Griego Ceballos; la legisladora Janeth García Cruz, secretaria; y, vocales, los diputados Ernesto Cuevas Hernández, José Manuel Sánchez Martínez, José Kirsch Sánchez y Manuel Francisco Martínez Martínez.

PROPUESTA

La semana pasada, integrantes de la Copipev anunciaron que en próximos días presentarían una propuesta al Congreso del Estado para rescatar al IPE.

Se trata de la creación del Instituto de Pensiones Autónomo del Estado de Veracruz (IPAEV), una iniciativa elaborada por especialistas para fortalecer el sistema de pensiones en la entidad.

“Está autonomía constitucional, de ninguna manera eximirá al Gobierno del Estado de su responsabilidad de aportar al sistema de pensiones, parte integrante de la seguridad social, los recursos financieros que por ley está obligado a proporcionar, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, comentó Chávez Tejeda.

Dicha autonomía constitucional blindaría al instituto de cualquier intento de privatización o extinción.

“El IPAEV se regirá por principios tales como la solidaridad, entendida como la participación de los trabajadores de los patrones y del Gobierno del Estado en su financiamiento, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la legalidad, la toma de decisiones democrática, la remoción quinquenal del funcionamiento del IPAEV, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas”, añadió la presidenta de la Copipev.

El IPAEV sería administrado por un consejo de planeación, organización y dirección conformado por cinco integrantes que actuarán como un cuerpo colegiado, cuyas decisiones se tomarán por mayoría, y que deberán cubrir el perfil especificado en la convocatoria lanzada por el Congreso del Estado.

“Deberán presentar un plan de trabajo por escrito y exponer en sesión abierta al público su visión acerca de su importante tarea y sostener la defensa oral de dicho plan, de los aspirantes serán seleccionados diez y la Legislatura, a los cinco que resulten idóneos”.

Cada uno de los integrantes del consejo deberá pagar una fianza de fidelidad, que respaldará sus decisiones y su responsabilidad.

“De esta manera, la elección de quienes administrarán al instituto se democratizará al no estar sujeta a la voluntad del gobernador en turno. Su administración y forma de gobierno impedirán cualquier intervención en sus asuntos internos, tanto financieros como administrativos de personas o intereses contrarios a los derechohabientes del IPAEV”.

Dicho instituto deberá recibir directamente y administrar los recursos provenientes de cuotas, aportaciones y presupuesto estatal, el cual no podrá ser inferior al 2.8% del presupuesto anual general del Estado.

Se encargará de pagar las pensiones a jubilados y pensionados. Dicha situación ya no será competencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Los jubilados y pensionados también recabarían firmas de ciudadanos para ejercer una mayor presión al Poder Legislativo y garantizar la autonomía constitucional del instituto de pensiones.

Con información de XEU y el Diario de Poza Rica

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