La pandemia: amenazan a los mensajeros

Posted by Gaudencio García Rivera  /   septiembre 09, 2017  /   Posted in Opinión  /   No Comments

En plena crisis moral, económica y sociopolítica del aparato político local, bajo un nuevo rostro de mandos policiales y de gobernador hace 9 meses, las células de la hidra del crimen organizado han puesto sobre la pared al bienio del “cambio” y en medio al mensajero.

No es la percepción simplista del crítico o liberal trasnochado, del opositor fundamentalista o de la corriente conservadora, no. Veracruz es un estado disfuncional porque lo dicen las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI y el propio presidente EPN.

¿Cuáles son los ingredientes para que se defina como un estado disfuncional? De acuerdo con un diccionario de sinónimos, el termino disfuncional lo define como “Adj. Sociol. Díc. del hecho o fenómeno que produce consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social”.

La mayoría de los programas sociales del bienio de corte albiceleste-amarillo —una mutación kafkiana que ha resultado un fraude para la sociedad civil—, no han cubierto las expectativas que ofrecieron en campaña para fortalecer el débil y socavado tejido social del estado.

El gobierno de Veracruz se está haciendo pedazos y el presidente Peña Nieto y el gobernador MAYL, lo único que les interesa es disputarse las parcelas del poder público y partidista y ver quién es más zorro para llevarse los istmos de cara a la sucesión presidencial de 2018. ¡A los veracruzanos que los parta un rayo!

Se ha gobernado y se gobierna con severas asimetrías. Las grandes fallas del tlatoani afloran a flor de piel en Veracruz: desempleo por contratación de mano de obra foránea, seguridad social, reinserción, retroceso del PIB, salud, educación, seguridad pública y la falta de garantías para el desarrollo de la libertad de expresión.

Se ha construido en 9 meses una elocuente involución social, aunado al desastre heredado. Pobreza, más pobreza, desempleo, inseguridad galopante, narcoviolencia, amenazas y ejecuciones de periodistas, el puente entre la sociedad civil y el Estado que garantiza el buen funcionamiento de la democracia.

Hay un pandemónium, una descomposición social de las instituciones públicas donde la retórica oficial de los servidores públicos se erosionó y perdió credibilidad ante el imaginario colectivo, que no han sido capaces de frenar ni el presidente Peña Nieto ni el gobernador aliancista.

¿Quién o quienes dicen que Veracruz es un estado que vive un retroceso social? ¿O que es comparado con la violencia extrema que viven los hermanos de Afganistán, Egipto, Siria, Corea del Norte y/o Ucrania? ¿O que el gobernador del bienio tiene tintes de comportamiento de una autocracia?

Lo dicen las estadísticas del INEGI, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el propio presidente Enrique Peña Nieto. La pobreza extrema y desempleo aumentó por culpa de la política revanchista del gobernador MAYL; el agonizante tejido social, la falta de garantías para el desempeño profesional de los periodistas se disparó por la falta de eficiencia y probidad de los titulares de la Sedesol y del propio Poder Ejecutivo, según las ONG’s.

La desestabilidad social y el incremento del índice de homicidios que se registran por los cuatros puntos cardinales en Veracruz, por la flexibilidad y vacíos legales de las autoridades para que el hampa organizada pongan sobre las rodillas al gobierno de Veracruz, no es por culpa de la federación. Lo dice EPN.

Según el propio presidente Peña Nieto en su V Informe de Labores, el hecho de que se hay revertido los índices de la narcoviolencia que ya habían disminuido en 2016 en Veracruz y en la mayoría de los estados sometidos por esta plaga, es porque los gobernadores y alcaldes no han hecho la tarea para combatir y desarticular a fondo los grupos criminales.

Sin el mayor rubor y sin guante blanco, Peña Nieto se deslindó de la violencia generalizada que se registra en más de la mitad de los estados del país y prácticamente se lavó las manos como Poncio Pilatos.

Con esta visión a modo, preocupa que el presidente EPN y el gobernador MAYL jueguen un zigzag avieso, donde la mayor parte saldrá perdiendo una parte de la sociedad civil, los ciudadanos de a pie y los periodistas. Lo importante no es saber quién tiene la culpa, sino agarrar el toro por los cuernos. Y evitar los ríos de sangre.

En esta carrera de vencidas, de pactos y acuerdos en lo oscurito, en los entresijos del poder, para someter las ínsulas de poder y los desposeídos que representan votos cautivos, dejan el camino despegado para que el crimen organizado limpie a los opositores y a los periodistas críticos incómodos de los regímenes federal y local.

De alguna manera, como en el pasado, el crimen organizado esté presente en todas las esferas del poder público; penetró en los tres niveles de gobierno y desde ahí tiene una perspectiva de quienes son los enemigos, adversarios y malquerientes de los cómplices abyectos.

En este epílogo, se entiende que la delincuencia organizada se mueva como pez en el agua, como Pedro en su casa; los operativos castrenses se han reducido en los puntos rojos de la mayoría de los 212 municipios del estado; los giros negros son intocables como es el caso de la capital del estado y las ejecuciones y secuestros en centros comerciales son recurrentes.

Es paradójico que a 9 meses del gobierno aliancista, se hayan multiplicado las amenazas y dos ejecuciones a periodistas no esclarecidos. Los protocolos de la fiscalía federal son obsoletos como quedó confirmado con el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, en Juan Díaz Covarrubias.

La amenaza de muerte más reciente ocurrió el domingo pasado en contra del periodista Mussio Cárdenas Arellano, proveniente de una dinastía de periodistas del sur de Veracruz. Presuntos “Zetas” lo amenazaron con ejecutarlo y partirlo en pedazos si continuaba publicando las fechorías del Comandante H, jefe de la plaza de Coatzacoalcos, actualmente en prisión.

Casos como el de Mussio, no pueden quedar en la impunidad. La fiscalía General y el gobierno aliancista, por norma y exigencia de la comunidad periodística, deben garantizar el desarrollo profesional del mensajero, salvaguardar sus derechos y los de su familia.

La condena es unánime de los mensajeros en contra de los transgresores del imperio de la ley y del gobierno que ha sido visceral y antagónico con la prensa. Comentarios a gau41@hotmail.com

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