Corrupción, codicia, maldad y cinismo

Posted by Jorge Francisco Cabral Bravo  /   noviembre 27, 2017  /   Posted in Opinión  /   No Comments

Hasta ahora ha predominado la idea de combatir la corrupción como una cuestión de honor y venganza. Cuando se habla de ella, casi siempre se piensa en personas corruptas que deben ser detenidas y sancionadas; en individuos enquistados en cargos públicos que respondan a un estereotipo de oscuridad y violencia y cuyo único propósito es acrecentar su poder. He ahí la imagen de la corrupción que quiere ser combatida: la codicia, la maldad y el cinismo encarnados en seres humanos cuya sola existencia ofende a la sociedad.

Esa imagen alimentada con periocidad matemática por los corruptos de la quincena, ha sido muy funcional a la vida política del país. Los buenos políticos se presentan como alternativa frente a los malos y, con la misma puntualidad y la misma vehemencia, ofrecen meterlos a la cárcel, nombrar individuos íntegros y decentes para todos los cargos públicos y limpiar la casa. Ese argumento ha servido para organizar campañas políticas y para encasillar a los adversarios en el papel de villano. Pero también ha contribuido a  envilecer la concepción misma de la política y a convertir la batalla contra la corrupción en una caricatura.

En ausencia de otros indicadores y de criterios más finos de evaluación, parece que la única señal de éxito en el control de esa enfermedad es el número de individuos que van a parar a la cárcel tras cometer algún acto de corrupción. Sin embargo, mientras más escándalos se acumulan y más personas son acusadas por abusar de su influencia, más se acrecienta la percepción negativa sobre ese fenómeno. La repetición de los escándalos no modifica los patrones de vulneración de derechos, sino que los normaliza, hasta el punto que la gente acaba asumiendo que la corrupción forma parte habitual de las rutinas políticas. O incluso, que política y corrupción son una y la misma cosa.

Por el contrario, el mejor antídoto contra la corrupción está en la mayor participación posible de la sociedad en la vida pública.

Ese fenómeno prospera en la oscuridad, en la discrecionalidad y en el monopolio de las decisiones políticas. Para contrarrestarlo, es necesario arrojar luces sobre las decisiones y sobre los recursos que utilizan las oficinas públicas, sobre la base de los objetivos que las justifican.

En el mismo sentido, la capacidad de exigir resultados eficientes y procedimientos honestos constituye una de las condiciones fundamentales para controlar el desempeño de quienes ocupan los puestos públicos. Reducir la discrecionalidad es mucho más trascendente y mucho más eficaz que meter a la cárcel a quienes se llevan el dinero a su casa.

Y desde luego, es imperativo que haya pesos y contrapesos en todas las decisiones que afectan al público. Es imperativo que el Sistema Nacional Anticorrupción abandone la caricatura de los buenos contra los malos y proponga definiciones puntuales de los espacios donde sucede la corrupción, sobre los indicadores que deben utilizarse para medir su evolución y sobre los medios de control y los resultados exactos que habrán de ofrecernos para revertir ese fenómeno en los próximos años.

Y como lo hemos comentado en anteriores espacios, cuando el Presidente dejó de ser el gran decisor de la República, si no por elección, por necesidad, los gobernadores tomaron la oportunidad y se desquitaron de los años de sumisión. Hicieron dos cosas igualmente dañinas para la democracia. Primero fue asumir el papel de presidentitos a la muy vieja usanza en sus respectivos territorios, anulando la división de poderes, reproduciendo y apropiándose de las estructuras clientelares, controlando a la prensa y cooptando a los supuestos organismos autónomos creados por la Constitución en las leyes generales.

Lo segundo fue vender caro su amor al gobierno federal. Ese apoyo tendría un precio: la transferencia de cada vez mayores recursos. Recursos que no tendrían ataduras de ningún tipo; recursos para gastar discrecionalmente y sin rendición de cuentas.

La suma de transparencias y participaciones creció desmedidamente. Y todo a costa de la Federación, pues con ese crecimiento los estados no tenían que preocuparse de elevar sus ingresos propios. No había razón para que los gobernadores tuvieran que recurrir al expediente siempre impopular de tener que cargar impuestos locales a sus contribuyentes.

Entre lo que les mandaba la Federación y la deuda que les aprobaban sus congresos vivían en la bonanza.

Aunque la Constitución estipulaba que la ley adquirida por lo estados no podía ser destinada al gasto corriente, sino a inversión productiva, esta norma fue letra muerta. El descontrol llegó a tal punto que en el sexenio de Calderón se aprobó una nueva ley de disciplina financiera y fiscalización de estados y municipios que los obligaba a dar cuenta de las decisiones de endeudamiento. La ley fue muy celebrada, pues amarraría las manos a los gobernadores y los obligaría a rendir cuentas.

Pero, como suele ocurrir en México, hubo un cambio en la ley, más no en la realidad. Ni la recaudación, ni le eficiencia del gasto, ni su fiscalización mejoraron.

Además, los estados encontraron nuevos mecanismo para burlar la ley a través de los fideicomisos público-privados que se volverían inescrutables.

Con Peña Nieto volvió a recurrirse a un cambio normativo (Leyes de Disciplina Financiera, de Coordinación Fiscal, de Deuda Pública y de Contabilidad Gubernamental) que supuestamente, ahora sí, obligaría a los estados a “un manejo sostenible de sus finanzas públicas”. Igualmente, se dio un paso positivo, otra vez en la norma, pues se otorgó a la Auditoria Superior la facultad de revisar no sólo las aportaciones (recursos etiquetados para los programas), sino también las participaciones y se obligó a las entidades federativas a inscribir y publicar en el Registro Público Único la totalidad de sus créditos y obligaciones de pago. Si estas nuevas normas se van a cumplir o no es todo un misterio. Tal “flexibilización” ocurre, casualmente, en el año electoral más importante que México haya vivido y a pesar de que una y otra vez, se ha señalado el desastre de las finanzas estatales en términos de deuda. Además, queda latente el riesgo de que la deuda pública “ilegal” contraída con anterioridad, sea “legalizada”.

Los diputados insisten en que las disposiciones aprobadas en el PEF 2018 no tienen ni tintes ni dedicatoria electoral, pero los datos dicen otra cosa: los gobernadores y alcaldes tendrán más dinero para aceitar sus maquinarias electorales en el 2018 cuando se elegirán a ocho gobernadores, a mil 596 alcaldes, diputados federales, senadores y al jefe de Gobierno de la CDMX junto con los 16 delegados.

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